La banquera de inversión y exvicepresidenta de J.P Morgan para Latinoamérica Susana de la Puente examina cómo las obligaciones fiscales condicionan la capacidad de los jóvenes para poner en marcha y sostener sus proyectos, y de qué manera ciertos incentivos pueden convertir estos desafíos en oportunidades para un crecimiento más sólido y orientado a la innovación.
El emprendimiento juvenil es un componente central para la competitividad económica de largo plazo. Sin embargo, el contexto en el que estos proyectos se forman define en gran medida sus opciones de consolidarse. Entre los elementos más decisivos está la estructura fiscal, cuyo diseño puede funcionar como un motor de avance o convertirse en un freno en momentos críticos del desarrollo empresarial.
Para quienes emprenden a edades tempranas, la presión tributaria inicial supone una barrera considerable. Se exige cumplimiento impositivo cuando los ingresos aún fluctúan y la maniobra financiera es reducida, señala Susana de la Puente. Esta asimetría afecta tanto a la estabilidad de los proyectos individuales como al dinamismo general del ecosistema, reduciendo innovación, capacidad de atraer talento y creación de empleo. En una economía que promueve nuevas empresas, resulta contradictorio que quienes inician deban afrontar reglas pensadas para organizaciones ya consolidadas.
Cómo la carga fiscal condiciona las primeras decisiones emprendedoras
Durante el arranque de un proyecto, el uso eficiente de los recursos determina la supervivencia. Cada decisión financiera tiene un impacto directo en el avance del negocio y, bajo estas circunstancias, la carga fiscal temprana condiciona la estrategia de inversión y limita el margen para crecer de forma orgánica.
Las obligaciones tributarias desde los primeros meses, como seguridad social e impuestos sobre renta o sociedades, representan un obstáculo importante debido a la inestabilidad de ingresos y la escasez de liquidez. La presión fiscal reduce fondos destinados a reinversión, contratación e innovación, y eleva el riesgo de cierre prematuro, afectando la percepción del emprendimiento como una alternativa profesional viable, explica De la Puente.
Este peso administrativo añade complejidad y obliga a muchos jóvenes a buscar asesoría especializada, incrementando los costos operativos. Para inversoresy gestores de capital, el riesgo percibido aumenta y dificulta la llegada de crédito o financiamiento privado hacia iniciativas recientes.
Susana de la Puente sostiene que este marco actúa como filtro: solo sobreviven los proyectos con suficiente resiliencia financiera o con acceso a apoyo externo, mientras que muchas ideas con potencial quedan relegadas o postergadas.
Incentivos que canalizan recursos hacia áreas de alto valor
Si se diseñan adecuadamente, los incentivos tributarios reducen la presión financiera sobre los jóvenes y orientan recursos hacia actividades estratégicas que generan valor, impulsando así innovación y crecimiento sostenido.
Entre las herramientas más útiles están las deducciones por inversión en I+D, las bonificaciones por contratación juvenil y los regímenes especiales para startups, que permiten reducir temporalmente la carga fiscal. Estas medidas fortalecen la liquidez para reinvertir y disminuyen el riesgo percibido por los inversores, facilitando el acceso a capital, subraya De la Puente. El Reino Unido, por ejemplo, posee un marco muy favorable para la inversión en startups.
Cuando estos incentivos funcionan correctamente, se genera un efecto multiplicador: el ecosistema se diversifica, surgen más soluciones tecnológicas y crecen las posibilidades de internacionalización. Además, favorecen la creación de empleo cualificado y fortalecen la competitividad del tejido productivo, lo que para Susana de la Puente permite que los jóvenes conviertan sus ideas en proyectos viables y escalables.
Susana de la Puente hace una comparativa internacional de modelos fiscales
Los sistemas fiscales aplicados al emprendimiento juvenil varían ampliamente y pueden convertirse en plataformas de oportunidad o en barreras según la estructura de incentivos. En Europa, destaca el caso británico, que ofrece a las startups deducciones y créditos por inversión en innovación y capital semilla, como el SEIS, además de ventajas en el impuesto sobre la renta para inversores y deducciones en sociedades para actividades de investigación y desarrollo. Francia complementa incentivos con regímenes como la JEI, que contempla exenciones parciales de cargas sociales en puestos ligados a innovación, junto con créditos fiscales, señala la banquera de inversión Susana de la Puente.
España, en cambio, mantiene un marco más rígido pese a iniciativas como la Ley de Startups, que incluye un tipo reducido del 15 % en sociedades, deducciones por inversión en nuevas empresas y tarifa plana para autónomos. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado y la dispersión normativa complica la atracción de capital y la maduración de proyectos.
Fuera de Europa, Estados Unidos destaca por su flexibilidad regulatoria y por un sistema de deducciones orientado a la inversión en I+D. Además, programas como el SBIR ofrecen financiamiento no reembolsable, aunque acceder a ellos exige experiencia administrativa que muchos jóvenes aún no tienen, apunta Susana de la Puente.
En América Latina, varios países han adoptado políticas para fortalecer startups y reducir barreras. República Dominicana impulsa medidas que simplifican la creación de empresas y ofrecen incentivos fiscales iniciales. Chile combina un sistema progresivo con exenciones y créditos por inversión en I+D, fomentando expansión internacional.
Comparando regiones, los países que equilibran incentivos, formación, financiamiento y trámites simplificados logran entornos más propicios para que los jóvenes innoven y escalen sus proyectos.
Los nuevos emprendedores afrontan obligaciones fiscales en momentos de incertidumbre financiera, lo que condiciona la viabilidad de sus iniciativas y su percepción del emprendimiento como opción profesional, concluye Susana de la Puente.
