El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España ha desatado un debate intenso en la sociedad. A pocas semanas de su aprobación, los primeros efectos ya están generando una oleada de inquietud entre ciudadanos que temen por el impacto económico de esta nueva carga.
En millones de hogares, los recibos ya reflejan el nuevo concepto. Frente a esto, la ciudadanía ha comenzado a organizarse para oponerse a la Ley 7/2022, que establece esta tasa. Aunque el objetivo declarado es fomentar la sostenibilidad, el malestar por su aplicación ha sido generalizado.
¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?
Antes de profundizar en la recogida de firma que está recorriendo distintos puntos del país, conviene entender que la aplicación de este impuesto será variable. Cada ayuntamiento tendrá autonomía para decidir cómo y cuánto se cobra, en función de las características de su población.
Factores como el valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de empadronados determinarán la cuantía. Así, la diferencia entre municipios grandes y pequeños será significativa. Muchos ven en este sistema una forma más flexible de ajustar la tasa a la capacidad real de cada zona.
Actualmente, la media que se paga en los municipios donde se ha puesto en marcha se sitúa en torno a los 80€ al año. Aunque se argumenta que está alineado con la protección del medioambiente, para muchas familias esta cantidad supone una presión adicional.
¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?
La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha señalado que quien utiliza el inmueble y disfruta del servicio es quien debe pagar la tasa. Por tanto, no es el propietario, sino el inquilino, quien debe asumir este importe, como parte de su condición de residente.
Este planteamiento ha sido criticado por quienes consideran que el propietario debería ser quien asuma esta carga. Otros, sin embargo, creen que es justo que pague quien genera los residuos. Esta diferencia de opiniones ha derivado en una fuerte discusión sobre responsabilidades en contratos de arrendamiento.
El lema de la campaña, “quien contamina, paga”, tiene la intención de sensibilizar sobre la relación entre hábitos cotidianos y consecuencias ambientales. Aun así, la aplicación económica de este principio ha generado una respuesta más activa que muchas campañas puramente informativas o de tipo educativo.
¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?
Como ocurre en otras situaciones donde la normativa no convence, han comenzado acciones ciudadanas. La recogida de firma es la herramienta que se está utilizando para expresar el rechazo colectivo, buscando frenar una medida que muchos consideran mal ajustada a su realidad económica.
En Madrid, donde los primeros recibos están programados para julio de 2025, ya se ha activado una recogida de firma mediante Charge.org. Esta acción pretende evidenciar la desigualdad existente entre territorios y exigir una política fiscal más justa y adecuada a las circunstancias de cada vecindario.
Por el momento, ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga no están incluidas en la aplicación del impuesto. Esta excepción ha generado aún más dudas sobre los criterios de implementación. La falta de homogeneidad en la puesta en marcha del nuevo impuesto deja abierta la puerta a la crítica y a una posible modificación.
